Los jueces federales a veces nos encontramos solos frente a los casos complejos de crimen organizado». Con esa definición aportada este viernes, la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, resumió lo que, en efecto, es una denuncia por amenazas luego de investigar una red de explotación sexual de víctimas de trata y sus conexiones.
Recientemente se conoció que la magistrada debió incrementar su custodia personal y la de su familia por amedrentamientos sufridos, sugestivamente, en coincidencia con una serie de circunstancias referidas a su desempeño.
Pozzer Penzo fue la jueza que desde 2016, cuando subrogaba el Juzgado Federal de Paso de los Libres, instruyó la causa conocida en los tribunales federales como «Lanatta», que se refiere a una espesa red de trata de personas con fines de explotación sexual, que, según se descubrió en la investigación, también tenía conexiones con otra organización dedicada a la circulación del dinero producido en prostíbulos, un motel y hasta en encuentros VIP en chacras de la ciudad fronteriza.
En ese caso está procesado y va a juicio el exfiscal federal de Paso de los Libres, Benito Antonio Pont, acusado de brindar supuesta protección a la banda: su cuñado, un jerarca retirado de la Gendarmería llamado José María Viero, le alquilaba a la familia Aguirre -conocida por dedicarse a diversos negocios en la ciudad- un motel donde se descubrió que eran explotadas sexualmente víctimas de trata.
Este caso tiene en total 18 imputados que comenzarán a ser juzgados el 10 de mayo próximo en Paso de los Libres, en audiencias a cargo del Tribunal Oral Federal que integran Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra.
Se trata de un debate que ventilará la pesadilla sufrida por al menos 36 víctimas, una de ellas menor de edad, por quienes se abrieron hasta 75 causas en la Justicia Federal de Paso de los Libres pero que fueron dispersas y cajoneadas, hasta que se analizaron y pudieron ser reencausadas desde 2016.
Pero también, permitirá hacer público el laberinto en el que se deslizaba este crimen con fines de lucro, como el funcionamiento de los locales nocturnos Baliza, Kilómetro de Oro y Roxi, el ocultamiento de los DNI de las mujeres explotadas sexualmente en un armario del motel Momentos e incluso los negocios cruzados entre quien debía investigar y los señalados de llevar adelante las maniobras.
Si bien constituye un elemento clave para considerar la raíz de las amenazas a la jueza, este proceso oral y público no es la única circunstancia para analizar.
La semana pasada sesionó el plenario del Consejo de la Magistratura de la Nación y entre los asuntos a tratar se encontraba la desestimación y pase al archivo de denuncias presentadas con impulso gremial contra Pozzer Penzo.
Ambas acusaciones con más de tres años en los despachos del Consejo de la Magistratura, plazo a partir del cual caducan y deben ser desestimadas. Sin embargo el cuerpo presidido por Horacio Rosatti las resucitó y motorizó nuevamente un análisis sobre el desempeño de la jueza de Goya.
En las últimas horas una entrevista concedida por la magistrada al canal TN dejó subrayado un título que transparenta que los aprietes recientes representan «las consecuencias de meterse con el poder».