18 de diciembre, 2023
El gobierno de Javier Milei enfrentará este miércoles su primera prueba con la movilización prevista en las calles de la Ciudad de Buenos Aires, que implicará la primera aplicación en la práctica del protocolo para evitar cortes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Se trata de la marcha que realizarán más de 250 organizaciones sociales, de derechos humanos, sindicales, estudiantiles y ambientalistas desde el Congreso nacional a la Plaza de Mayo con motivo de un nuevo aniversario del estallido social que en 2001 derivó en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa.
La manifestación fue ratificada un día después de que Bullrich anunciara la implementación de un protocolo «para el mantenimiento del orden público» con el fin de asegurar, en el caso de protestas y bloqueos, la libre circulación en calles, caminos y rutas.
La medida fue rechazada por dirigentes políticos y organizaciones locales e internacionales, entre ellas el Relator Especial de Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y de Asociación, Clément Nyaletsossi Voule.
«Estoy recibiendo informes muy preocupantes sobre un anuncio presidencial que criminaliza la protesta pacífica y otorga poder ilimitado a las fuerzas del orden para el uso de la fuerza. Silenciar voces disidentes no es la respuesta para resolver las crisis sociales», expresó el funcionario de la ONU en su cuenta personal de la red social X.
Este sábado, la ministra Bullrich consideró, en declaraciones radiales, que las organizaciones sociales que se movilizarán el miércoles «pueden manifestar todo lo que quieran, pero no cortar las vías de circulación».
La funcionaria indicó que «las cuatro fuerzas federales» podrán intervenir «si hay un delito flagrante» durante las manifestaciones en la vía pública y que el nuevo protocolo incluirá la identificación de quienes corten arterias, la aplicación de las leyes que contemplan hasta penas de prisión y el cobro de los gastos que demande la intervención de las fuerzas de seguridad a las organizaciones que violen la normativa.
El referente de esa agrupación, Eduardo Belliboni, adelantó que «una serie de abogados se van a reunir para elaborar una presentación judicial» en contra del protocolo anunciado por el gobierno.