“Nuestros familiares no quieren dinero, ni pensión, ni empleo para sus hijos, sólo quieren que cada 2 de abril los recuerden”, afirman miembros del Ejercito que combatieron en la Guerra de 1982. Aseguran que los relegan en su provincia natal.
“Los enemigos del veterano de guerra son la salud, la incomprensión, la segregación social y las malas políticas de funcionarios públicos que, con la aquiescencia del Estado, hacen de la causa de Malvinas un coto privado de oportunidades para sus amigos y de discriminación para otros”, reza una carta abierta que lleva la firma del suboficial mayor del Ejército, Gustavo Antonio Miño, quien combatió en las islas y es presidente del Centro de Veteranos de la Guerra de Malvinas de Monte Caseros.
Además de Miño, firma la extensa nota dirigida a la opinión pública correntina, el suboficial Principal del Ejército Walter Sosa, vocal quinto de la entidad mencionada.
Ambos militares retirados aseveran que el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, comete discriminación contra quienes combatieron en la guerra desde su rol de integrante de las Fuerzas Armadas y exponen su repudio al hecho de que “Corrientes es la única provincia que no reconoce a civiles, mujeres y a aquellos que fueron con empleo militar a la Guerra de Malvinas”.
GUSTAVO MIÑO, PRESIDENTE DEL CENTRO MONTE CASEROS.
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Miño y Sosa afirman en su carta que “la sangre derramada en Malvinas es negocio para algunos con dinero del Estado Correntino y exclusión para otras minorías sociales que van muriendo en el olvido”.
Exponen que Galván y sus funcionarios de la Dirección Malvinas hicieron público un repudio “hacia los legisladores correntinos que presentaron un proyecto de ley que repara esta omisión de larga data; sus argumentos, los de siempre, una estrategia discursiva escondiendo, solapando, la verdadera realidad, la segregación, exclusión y discriminación por condición social”.
Miño y Sosa aseguran que Galván prejuzga al atribuir características generales a todos los integrantes de un grupo ya excluido de leyes y reconocimiento: civiles, mujeres y ciudadanos que lucharon con grado militar”.
Agregan que el funcionario provincial “con su accionar erróneo, intenta confundir a la opinión pública porque, irracionalmente, no concibe a las personas en función de sus propias características, sino de ideas generales, exageradas y frecuentemente falsas, intentando hacer creer de que todos los oficiales y suboficiales son de una forma determinada, haciéndolos culpables de haberlos llevado a una guerra”.
Con esa introducción citan artículos de la Constitución Nacional y de las convenciones de Derechos Humanos a los que adhiere la Nación Argentina y atribuyen a Galván “utilizar la Causa o la Gesta de Malvinas con fondos públicos como una herramienta política, y además evidenciar discursos de odio y de intolerancia, imposibilitando la convivencia en armonía entre los distintos grupos y personas que sirvieron a una sola causa y bandera”.
Su reclamo puntual es ser reconocidos por el Gobierno de la provincia y por ello informan que “hay cabos, sargentos, oficiales de casi 90 años que morirán sin ser reconocidos por su provincia de nacimiento, pesará sobre su conciencia y la de sus firmantes la negación, apoyada por sus superiores jerárquicos de la administración pública”.
Agregaron: “Que quede claro que nuestros familiares no quieren dinero, ni pensión, ni empleo para sus hijos, no siga ofendiendo, sólo quieren que cada 2 de abril los recuerden”.