El decreto que tiene en suspenso las tarifas tiene fecha de finalización el próximo 17 de diciembre, pero según dijo el secretario de Energía, Darío Martínez, el cuadro tarifario actual estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.
En este proceso es que se empezó a negociar con las empresas prestadoras de servicios bajo los parámetros que estableció Guzmán en la presentación del Presupuesto 2021: se ajustarán acompañando la inflación. Pero Martínez en las últimas semanas consensuó que determinados sectores podrían pagar los servicios. “Al que puede pagar, vamos a tratar de cobrarle el costo”, anticipó el funcionario.
Las empresas dicen contar con la información necesaria para aplicar aumentos segmentados, que podrían llegar con precisión a segmentos que pueden “pagarlos”, según coinciden en empresas y Gobierno.
El Poder Ejecutivo estudia un solo incremento anual, para evitar costos políticos en 2021 (año electoral), pero las opciones están abiertas. Serían “tarifas de transición”, que durarían todo el año. Recién para 2022 está prevista la revisión tarifaria integral (RTI), que sería el cumplimiento del marco regulatorio del sector.
Los subsidios, que ahora corren para todos, podrían recortarse para ser asignados en forma más específica. En la mira hay un 20% del padrón de usuarios residenciales de luz y gas. Allí el aumento podría rondar entre el 50% al 60%.
El porcentaje de los que podrían pagar un aumento difiere según región geográfica, o si se trata de luz o gas. En distribución eléctrica, hay dos grandes grupos de altos consumos. Uno es de viviendas amplias o muchos aparatos eléctricos, pero el otro se encuentra en barrios de emergencia. Allí, frente a la ausencia de redes de gas natural y agua, la electricidad se usa para otros artefactos.
La idea del Gobierno sería avanzar con aumentos para segmentos acomodados o poder adquisitivo medio, excluyendo los barrios de emergencia. En las empresas dicen que -en muchos asentamientos- la electricidad no se paga. Las empresas avalan esta estrategia. “Podemos ayudar a identificar bien estos segmentos”, repiten por lo bajo.
Hay un 30% del padrón eléctrico que escaparía de los aumentos, o estaría por debajo de la inflación. El secretario Martínez cree que los programas de asistencia de la Anses, como el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) puede funcionar como referencia. Sus beneficiarios no pagarían aumentos, o recibirían incrementos mínimos.
En cambio, hay un 40% de consumos medios que convive con realidades mixtas. Allí hay tanto beneficiarios de planes sociales como trabajadores que pagan impuesto a las Ganancias. En el Gobierno lo identifican como “clase media”, a la que no quieren afectar, como lo hizo el gobierno anterior en el 2019