12 de julio, 2023
La decisión fue unánime y contó con los votos a favor de los siete integrantes del Tribunal: Héctor Daniel Zalazar (presidente), Iride Isabel María Grillo, Gloria Beatriz Zalazar, Ana Mariela Kassor, Jessica Ayala, Edgardo Gabriel Reguera y Carim Peche.
Para la destitución se requerían cinco de los siete votos totales. Caso contrario, Buyatti sería absuelta. Según afirmaron fuentes judiciales defenderla a la ahora ex jueza era una tarea «casi imposible» debido a la contundencia de las evidencias.
A finales de 2022, Buyatti fue acusada por unos audios que se dieron a conocer a fines del 2022 contra un albañil que trabajaba con ella y reclamaba unos pagos. En los mismos, que se desprendieron de una llamada telefónica, Buyatti alegó «conocer el sistema» y «manejar el poder» frente a un interlocutor al que trató de «tapecito», «negro» y «planero», y al que amenazó con ejecutar de «un disparo en la frente».
El Ministerio Público Fiscal, representado por el Procurador Jorge Canteros y su adjunto Miguel Fonteina, solicitó la destitución de Buyatti. El argumento fue que «con su accionar violentó groseramente la ley 33-B que le impone el decoro y dignidad que debe guardar como magistrada judicial».
Fonteina destacó la tarea de los fiscales Sergio Ríos y Gisella Oñuk durante toda la etapa investigativa, y remarcó que durante el juicio «fueron respetados todos los derechos a defensa» de Buyatti y «se respetó y aplicó el principio de igualdad ante la ley».
Por su parte, la ex jueza afirmó en su defensa que «actuó como mujer y madre», y que fue omitida la «violencia psicológica, simbólica y física». «Fue la respuesta a una conducta extorsiva», argumentó y dijo que «no se trató del ejercicio de poder de una persona sobre otra, sino de una mujer cuidando su hija y su domicilio».