El Senado de la provincia de Corrientes dio media sanción a un proyecto de ley por el cual se declara que «la especie exótica invasora Ciervo Axis en estado salvaje será considerada plaga, teniendo en cuenta su efecto dañino y perjudicial para la actividad productiva», por lo cual «será susceptible de caza plaguicida». Al mismo tiempo, promueve un trabajo colaborativo con distintos organismos, dado que también esta especie habita en el límite con la provincia de Misiones y toda la zona de influencia de la ciudad de Posadas.
Siendo originario de la India, Sri Lanka y Nepal, entre los considerando de la norma se establece que «en 1956 fue declarado animal perjudicial en algunas provincias y luego de unas significativas bajas se le empezó a proteger y al haberse controlado la superpoblación de jabalíes que arrasaban con la vegetación de los lugares, se desató un daño colateral, nunca imaginado, que fue la proliferación y expansión del Ciervo Axis». Ante este fenómeno, se llegó a la conclusión que el jabalí era principalmente el depredador mayor de las crías de Ciervos Axis y al verse disminuida la población de jabalíes, los ciervos axis tuvieron crecimiento poblacional a escala de plaga».
«Hoy el Ciervo Axis se encuentra a en más de 10 provincias, invadiendo parques y áreas protegidas, ocasionando innumerables daños al ecosistema, y compitiendo por pasturas y alimentos con cérvidos nativos como el venado de las pampas, el ciervo de los pantanos, y el ganado del lugar», agrega el proyecto de ley provincial, cuyo autor es el senador de Corrientes, Sergio Flinta, considerando que «al igual que sucede con otras especies de fauna exótica, declaradas plagas e invasoras como el jabalí, hoy debemos concientizarnos que la caza correctamente controlada y legislada de estas especies, es la única herramienta que tenemos para evitar que se sigan propagando y generando los daños señalados».
Así es que se facultará a la respectiva autoridad de aplicación a a llevar un registro de propietarios de establecimientos, quienes deberán autorizar por escrito la actividad prevista en esta ley, pudiendo también suscribir convenios con municipios por medidas de bioseguridad y también con la Administración de Parques Nacionales para acordar una estrategia común de intervención en áreas protegidas.